Los relevamientos lo harán representantes de la UBA y la UTN, en segunda quincena de agosto. Los movimientos sociales desconfían de los procedimientos.
En la segunda quincena de agosto comenzará la auditoría al programa “Potenciar Trabajo”, el plan que el Estado delegó en los movimientos sociales, los cuales ya se preparan para resistir con la guardia alta. La prueba piloto empezará en Tucumán, según informaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.
El relevamiento estará a cargo de representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Sin embargo desde los movimientos sociales desconfían de los procedimientos, es que por eso el secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, salió al cruce por la iniciativa.
“Se pusieron de acuerdo y ahora tenemos nuevo ministro de Economía (Sergio Massa) que parece ser el resultado de una unidad en el Frente de Todos. Pero, por lo que se dijo en la presentación, parece que había mucha felicidad en los muchachos que tienen mucha plata. Que nos vengan a auditar de las universidades, van a terminar militando con nosotros”, afirmó desafiante, dejando abierta la puerta a una escalada del conflicto en el corto plazo.
La polémica se reabrió cuando un par de meses atrás la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue contra el Movimiento Evita y sugirió reemplazar este tipo de programas sociales por una política de ingreso directa para un universo mayor de personas, sin intermediaciones ni discrecionalidades. Pero ante la llegada de Sergio Massa a Economía, el Gobierno prometió avanzar con un reordenamiento de los planes sociales, aunque sin dar demasiadas precisiones.
Esto puso en alerta a los movimientos sociales que no quieren ser desplazados como intermediarios, ya que las cooperativas de trabajo que organizan les sirve también para fidelizar una base estable de militancia y financiamiento para sus estructuras políticas.
El jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, sospecha que detrás de estas maniobras, que comenzarán con la auditoría, está la vicepresidenta, que se la tiene jurada a la principal organización social del país desde que en 2016 rompió con el bloque del Frente para la Victoria en el Congreso y en 2017 apoyó la candidatura de Florencio Randazzo para restarle votos a la lista de Unidad Ciudadana.
“Vamos a auditar con dos ejes: cuidar al beneficiario y, como Gobierno y Estado, seguir generando y ampliando derechos”, destacó hoy Zabaleta, en cuya figura desconfían no solamente las organizaciones izquierdistas de Unidad Piquetera, sino también las oficialistas, porque le atribuyen a él la función de ejecutor del mentado “tijeretazo” sobre los programas Potenciar Trabajo.
Zabaleta, a su vez, explicó que “el objetivo de la medida es consultar a cada beneficiario en qué unidad de gestión trabaja y de qué modo el Estado sostiene la actividad socio comunitaria de la que toma parte”.
fuente:lagaceta
