«Han sido tres meses sin poder salir de la casa. Primero de la casa de Fabio (donde estuvo alojada tras su excarcelación y después de haber sido deshauciada de la vivienda donde residía hasta entonces), en donde estuve un mes, y luego de mi apartamento. Solo he podido salir en unas tres ocasiones a ver al abogado, siempre con el consentimiento de la Seguridad del Estado, cuyos agentes me paran en la esquina, me piden mi identificación y me preguntan a dónde voy; consultan entonces con sus superiores para ver si me dejan ir; una patrulla y, a veces, una moto también me siguen a todos lados». Así es el día a día de la periodista cubana, corresponsal de ABC en La Habana, Camila Acosta, quien fue detenida y encarcelada el 12 de julio por cubrir las históricas protestas del 11 de julio. Ese día miles de cubanos de numerosas ciudades de la isla salieron de forma pacífica, movidos por la crisis económica que golpea a la isla, agravada por la pandemia, y la falta de derechos y libertades por parte del Gobierno cubano hacia sus ciudadanos.
La reclamación pública internacional por su detención logró la excarcelación de Acosta cinco días después de su apresamiento, que fue permutado por arresto domiciliario hasta su juicio, en el que se enfrentará a los cargos de «desacato y desorden público». Los mismos que se están esgrimiendo contra decenas de detenidos (según un informe de Prisoners Defenders, tras el 11-J el número de presos políticos en la isla había aumentado en casi 300). A la multitudinaria manifestación siguieron miles de detenciones, incluyendo entre los arrestados incluso a menores de edad. También a importantes líderes del mundo de la cultura, como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, co-fundador del Movimiento San Isidro (MSI); o de la disidencia política, como el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer. Ambos se encuentran encarcelados todavía hoy, y en muy malas condiciones físicas, según han denunciado sus familias o personas más cercanas.
Lo único bueno que le ha pasado a Acosta estos meses, según ella misma reconoce a ABC, es que «desde que estoy en mi propia casa me siento más segura porque sé que no me podrán dar echar a la calle como me hicieron en una decena ocasiones en las rentas que tenía, pero la amenaza de un nuevo registro está siempre ahí», matiza. La periodista también sufre el vacío de sus vecinos que «tratan de relacionarse mínimamente conmigo; en ocasiones es desesperante el encierro. Trato de trabajar pero el encierro es desesperante. No estoy libre, estoy presa dentro de mi propia casa», denuncia.
La medida de reclusión domiciliaria supone para Acosta no poder salir «a visitar a algún amigo o a comer afuera o alguna otra actividad vacacional o de ocio, ni siquiera a trabajar, entrevistar a alguien o reportar (a pesar de las limitaciones ha seguido informando desde su encierro para este periódico). Tampoco puedo salir de La Habana».
Presionada para abandonar Cuba
Asegura que el arresto tampoco establece «que me tengan todo el tiempo vigilada ni con el equipo de guardia que tengo diariamente». La intención del régimen es, subraya, «impedirme salir a reportar desde la calle, y también aumentar mi estrés y que, por ese hostigamiento, decida optar por el exilio». Ese es el principal objetivo del Gobierno cubano cuando alguien le resulta demasiado incómodo. Son muchos los casos de activistas a los que ha presionado para forzarles, a través de la represión hacia ellos o hacia sus familias, a abandonar Cuba. Algunos se han negado, como José Daniel Ferrer. Otros se han visto obligados a salir, como el artista Hamlet Lavastida, que tras tres meses en prisión y una negociación a varias bandas -internacionales-, fue liberado para ser a continuación deportado.
La situación de Camila Acosta podría cambiar tras un juicio, que puede suponer volver a prisión, «la sanción de cárcel está siempre presente». Aunque también puede dilatarse en el tiempo la celebración de su juicio. «A estas alturas de la espera pienso que no lleguen a hacerme ese juicio, sino que me tengan en estas circunstancias los seis meses que les permite la ley».
La periodista está convencida de que la decisión de mantenerla en arresto domiciliario responde a una cuestión de imagen para el régimen cubano. «Es muy fuerte para su imagen internacional condenar a prisión a una periodista con un respaldo como el que tengo. Es menos escandaloso tenerme presa dentro de mi propia casa, pero no deja de ser una criminalización y una violación de los derechos humanos. El régimen cubano se ha especializado en camuflajes de este tipo», explica.
En la actualidad en reclusión domiciliaria constante solamente habría dos personas en la isla, Carolina Barrero (historiadora del arte y miembro del 27-N) y Acosta.
Sobre la posibilidad de que en el juicio la absuelvan y recupere la libertad total, Acosta no se muestra optimista. «Es muy poco probable, a menos que la presión internacional sea suficiente y el régimen cubano se vea obligado a hacerlo, como sucedió con mi excarcelación. La amenaza de prisión siempre está, ellos pueden hacerme el juicio mañana mismo, de manera sumaria, aunque no tengan pruebas para condenarme, eso poco importa, ellos son los dueños de este país y hacen y deshacen a su antojo, con total impunidad».
Silenciar la represión
La periodista se enfrenta a una posible condena de tres meses a un año de privación de libertad «solo por reportar las protestas del 11-J, lo cual ellos están disfrazando con acusaciones por supuestos delitos comunes. Pero, de hecho, mis interrogatorios en los días en los que estuve detenida todos giraban entorno a mi profesión, no al supuesto 'desorden público' e 'instigación a delinquir'. Es la forma que tienen -añade- de justificar que no me condenarán por cuestiones políticas, así lo hacen con todos los opositores que llevan a prisión. De no ser por las denuncias de las organizaciones independientes y periodistas independientes, el mundo no sabría que ahora mismo hay más de 500 presos políticos en Cuba, la mayoría encarcelada después del 11-J», concluye.
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Fuente: ABC
