El exdirector de Migración de Bolivia Marcel Rivas fue detenido este jueves en relación a la fuga de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, que están siendo investigados en una causa de corrupción y por cuyo paradero el Gobierno pidió ayuda a Interpol.
El fiscal de La Paz, Sergio Bustillos, anunció este jueves por la tarde que Rivas está acusado de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias dado que hay indicios de que “tenía pleno conocimiento de la alerta migratoria que pesaba” sobre los exministros.
Informaciones de Bolivia TV señalan que Rivas habría sido trasladado a la sede de la Fiscalía y que las investigaciones se habrían abierto a raíz de las sospechas sobre una posible ayuda de su parte a los dos exministros del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, a quienes se acusa de una compra con sobreprecio de material antidisturbios para las Fuerzas Armadas y la Policía.
“Me estoy yendo a presentar a la Fiscalía, vamos a aclarar cualquier duda que tenga la Fiscalía al respecto”, dijo Rivas, que aseguró que dejó el cargo el 4 de noviembre, y se estima que Murillo y López dejaron el país el 9.
Sin embargo, el fiscal Luis Fernando Atanasio alertó que Migración entregó un informe con “incongruencias” sobre las salidas al exterior de los exministros, que supuestamente estarían en Brasil, reseño la agencia de noticias Europa Press.
En tanto, las autoridades bolivianas solicitaron ayuda a Interpol para tratar de localizar a ambos exfuncionarios.
El director en Bolivia de Interpol, Pablo García, confirmó que la solicitud de búsqueda ya fue remitida a la sede central en Lyon, Francia, que deberá responder en un plazo de entre siete y diez días, informa la agencia de noticias boliviana ABI.
Interpol remitiría a continuación el documento a los 194 estados miembro.
Sobre Murillo y López pesan sendas órdenes de arresto por la presunta irregularidad en la compra en diciembre de 2019 de agentes químicos para las fuerzas de seguridad, en el conocido como el ‘caso gases lacrimógenos’.
La Fiscalía boliviana señaló que existen en ambos casos, “elementos de convicción suficientes” sobre la comisión de delitos, así como riesgo de fuga o de obstrucción de las investigaciones.
Las investigaciones parten de una denuncia presentada en junio por miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), ahora en el Gobierno y, según la Fiscalía, los perjuicios económicos de la compra de los gases lacrimógenos podrían alcanzar los 2 millones de dólares.
