Pese a la prohibición por parte del régimen cubano, la resolución del grupo Archipiélago sigue firme: «El 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo».
Las autoridades cubanas declararon este martes «ilícita» la marcha convocada para el 15 de noviembre (15-N) por la plataforma del grupo Archipiélago y alegaron que constituye una violación a la Constitución de 2019. «En cuanto a la solicitud, no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha. Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el Gobierno estadounidense tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba». Ello reafirma que la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen para Cuba, ensayada en otros países.
«Además, apenas se anunció, la marcha recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicaión que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar», refirió Alexis Acosta Silva, Intendente del Consejo de la Administración de la Habana Vieja, en la misiva enviada al dramaturgo Yunior García Aguilera, uno de los coordinadores del grupo Archipiélago.
Según los organizadores, la marcha pretende protestar en contra de la violencia, exigir el respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos, así como abogar por la solución pacífica y democrática de las diferencias entre los cubanos.
Sin embargo, en el documento, titulado «Respuesta al documento presentado sobre la decisión de realizar una marcha con fines desestabilizadores», Acosta Silva cita el artículo 45 de la Carta Magna, el cual estipula que el «ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes»; y el artículo 4, que establece el carácter «irrevocable» del sistema socialista, «por lo cual toda acción ejercida en su contra es ilícita», explica. Asimismo, expone que la Constitución, «aprobada en referendo por el 86,85 por ciento de los votantes», dispone «el derecho de combatir por todos los medios contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido».
La pasada semana, el grupo Archipiélago se vio obligado a adelantar para el 15-N la Marcha Cívica por el Cambio, inicialmente convocada para el 20 de noviembre (20-N), luego de que el Ministerio de las Fuezas Armadas Revolucionarias (MINFAR) anunciara la militarización total del país para la realización ejercicios militares los días 18 y 19 de noviembre, culminando el 20-N, declarado Día Nacional de la Defensa.
Vulneración de los derechos humanos
Prisoners Defenders señala que, «si se esgrime el art. 4 de irrevocabilidad del sistema, y se proscribe que el pueblo exponga su opinión en manifestación pacífica, se niega de norma y de facto la soberanía del pueblo sobre su sistema y evolución, lo que confirma una tiranía en contra del pueblo».
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció la prohibición de la marcha pacífica, alegando que se trata de «una flagrante vulneración de los derechos humanos». Mediante un comunicado oficial, la organización refirió que, en medio de «un clima de amenazas, detenciones arbitrarias y retenciones en casas de los promotores de la iniciativa, el Gobierno cubano una vez más cierra las puertas a la participación ciudadana, mediante la criminalización del ejercicio de un derecho».
El OCDH culmina haciendo un llamamiento a la Unión Europea para que «condene esta clara violación de los derechos humanos en Cuba, incompatible con el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la UE».
Para los numerosos intelectuales, periodistas, artistas, activistas de derechos humanos y representantes de la sociedad civil que integran la plataforma, «la respuesta del régimen demuestra una vez más que no existe en Cuba el Estado de Derecho, que no están dispuestos a respetar ni siquiera su propia constitución y que violan los Derechos Humanos de los cubanos. La respuesta del régimen ha dejado en ridículo al propio presidente del Tribunal Supremo quien dijo que Cuba respetaría el derecho a la manifestación. La respuesta del régimen está llena de falsedades, difamaciones y mentiras. La respuesta del régimen constituye un crimen».
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Fuente: ABC
