El intendente de Resistencia, aclaró que no se trata de un “desentendimiento a su obligación” sino de advertencia “para que futuras gestiones comunales no padezcan estos problemas económicos que perjudican, exclusivamente, al vecino”.
“Queremos informar a los contribuyentes de Resistencia de una situación que se dio desde diciembre de 2019, responsabilidad que la podemos difundir porque nuestra gestión comenzó allí pero que se generó mucho antes”, señaló.
“El Municipio y el Estado provincial permanentemente deben cumplir demandas judiciales, reclamos de distintos conceptos provenientes de vecinos o de trabajadores”, denotó, haciendo mención a que este tipo de situaciones. Y aclaró que “permanentemente se ha aceptado y detallado el cumplimiento del pago acordado con los demandantes”.
“Negocios jurídicos”
Advirtió que, en este contexto, se generan “mecanismos inescrupulosos”. Y mencionó que el juez de primera instancia del Juzgado Civil y Comercial Nº 20, Martín Rafael Trotti, en un fallo por una demanda al municipio por un embargo judicial, se expresó sobre el uso de embargos,” como mecanismo generador de crédito contra el Estado en cualquiera de sus esferas, propiciando un negocio jurídico que claramente beneficiaría a quien replique esta situación”.
“No vamos a aceptar esta metodología que afecta al Estado, no a un funcionario o a otro, sino a los vecinos”, manifestó y subrayó la importancia de hacer pública la modalidad para “evitar que se genere una industria del juicio, comprando sentencias a demandantes que, quizás, desesperados, reciben menos de lo reclamado”, señaló.
Por ello reconoció la consideración del juez Trotti, “que se anima a manifestar que claramente se genera un negocio, por eso resalto la actitud de la Justicia por cuidar el normal funcionamiento de la instituciones”.
Descuentos por obras
Volviendo al pago de deudas de gestiones anteriores, remarcó que desde el año 2019, cuando asumió como intendente de Resistencia, hubo descuentos paulatinos en concepto de embargos tanto de la coparticipación, a través de la Subsecretaría de Municipios provincial o en la propia cuenta en el Nuevo Banco del Chaco, ya que hubo sentencias firmes por demandas privadas.
Detalló que en ese primer año de gestión, en diciembre de 2019, se descontaron unos 18 millones 187 mil pesos; que en 2020 fueron 80 millones 848 mil pesos; que en 2021 la cifra fue de 221 millones 474 mil pesos y que hasta abril de 2022 fue de 130 millones 979 mil pesos, todo embargado por juicios.
“Desde 2019 a la fecha se nos descontaron unos 451.500 millones de pesos en concepto de embargos judiciales con sentencia firme”, explicó.
Subrayó que con ese dinero se podrían haber construido dos avenidas de 8 cuadras con sus respectivos desagües, se podrían haber enripiado 1.250 cuadras, colocado 4.500 nuevas luminarias, refaccionar tres veces la Plaza 25 de Mayo o tener 45 nuevas plazas barriales o 3 parques urbanos como los de la Laguna Argüello, actualmente en ejecución.
“La gestión debe afrontar estos descuentos con sentencias firmes pero no fue la generadora de las acciones que conllevaron estos resarcimientos”, aclaró y continuó al respecto, diciendo que “trabajamos paulatinamente con el consenso con quienes nos intiman o inician acciones, con el objetivo de evitar situaciones futuras”.
