Roberto Bravo había huido del país en 1973 y desde entonces gambeteó a la Justicia argentina. Un jurado lo declaró responsable de los fusilamientos de 19 militantes en agosto de 1972 y deberá pagar una millonaria suma a las familias de las víctimas.
El 22 de agosto de 1972, 16 presos políticos fueron asesinados en un fusilamiento en la base Almirante Zar de Trelew. El hecho fue presentado por la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse como un intento de fuga frustrado. En realidad, fue una represalia por la fuga que habían protagonizado una semana antes junto con sus compañeros desde el penal de Trelew. Otros tres presos fueron heridos gravemente, pero sobrevivieron. Los tres sobrevivientes de Trelew fueron víctimas de la dictadura que se inició en marzo de 1976.
Menos de un año después, Bravo fue enviado por la dictadura tambaleante de Agustín Lanusse a EEUU con el cargo de agregado militar. Se retiró de la marina en 1979, pero se quedó en Estados Unidos, donde obtuvo la ciudanía y se convirtió en un importante empresario, que llegó a ser contratista del departamento de Estado. Durante las audiencias reconoció un patrimonio de 6 millones de dólares.
En un intento de que su impunidad no siga expandiéndose más allá de las fronteras, cuatro familiares de sus víctimas presentaron en octubre del año 2020 una demanda civil ante una corte federal en el distrito sur de Florida contra el ex oficial de la Armada Argentina. La demanda fue presentada por Raquel Camps (hija de Alberto Camps, sobreviviente de la masacre de Trelew y víctima de la última dictadura), Eduardo Capello (sobrino de Eduardo Capello, asesinado en Trelew), Alicia Krueger (compañera de Rubén Bonet, asesinado en Trelew) y Marcela Santucho, hija de la salteña Ana Villarreal de Santucho que fue una de las fusiladas aquel 22 de agosto de 1972 y que al momento de los hechos estaba embarazada. Ana María era esposa de Mario Roberto Santucho, fundador de ERP.
Ayer culminó el juicio en EEUU. El jurado de ciudadanos y ciudadanas de Florida consideró primero que hubo circunstancias extraordinarias que impidieron a las familias presentarse durante casi 40 años en la justicia de Estados Unidos, una decisión que abrió la puerta a la siguiente: consideraron por unanimidad que Bravo fue responsable de los crímenes cometidos contra Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps, las cuatro familias que se presentaron en representación del resto.
Si bien fue responsabilizado por esos cuatro hechos, el fallo lo coloca a Bravo como uno de los ejecutores de la Masacre de Trelew. El jurado no creyó el relato oficial de la dictadura de Lanusse y que repitió Bravo sobre un intento de fuga de los detenidos, sino que fueron asesinados a sangre fría esa madrugada del 22 de agosto de 1972. La participación de Bravo en los hechos nunca estuvo en duda, incluso fue mencionada en un documento secreto de la Armada en el que se instalaba la versión sobre el intento de fuga y se señala que “ante la emergencia, el Teniente Bravo inició el fuego con su PAM”. De hecho, en el juicio que culminó ayer Bravo había declarado que “vació el cargador” de su ametralladora sobre los detenidos pero insistió en que lo hizo para evitar la fuga.
“Estamos muy contentos de haber bancado esta estrategia”, declararon los familiares de las víctimas. “Es más justicia y nos acerca a la extradición”, se entusiasma mientras festeja con su hermana Raquel y con Eduardo Cappello. Ahora el juez federal de EEUU, Edwin Torres, debe resolver el pedido para extraditar a Bravo a la Argentina. En caso de tener resultado positivo, el marino retirado debería ser juzgado por un tribunal y podría afrontar una pena de prisión perpetua. Durante todas estas décadas, Bravo se cuidó de no volver al país.
