Cuando se acerca el séptimo aniversario del execrable caso Ayotzinapa en el que desaparecieron 43 estudiantes de una escuela rural de Guerrero, López Obrador se dirige mediante una misiva a Naftali Bennet, primer ministro de Israel. El motivo es que lleve a cabo la detención y posterior extradición a México de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, y autoexiliado en el Medio Oriente. Zerón es acusado por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia en el transcurso de la investigación de los 43 desaparecidos en 2014. Un día antes, un juez había denegado su posible vuelta a México. El exmando habría presentado un amparo pese a que está imputado por la Fiscalía General y que cuenta con varias ordenes de captura como ficha roja de la Interpol.
La resolución de la desaparición forzosa de los 43 estudiantes siempre ha estado sumida en el misterio y la incertidumbre. Lo demuestra que expertos internacionales desmintieran que todas las víctimas fueran incineradas en un vertedero ante una imposibilidad física. Como ejemplo, el cuerpo de Christian Alfonso Rodríguez -uno de los tres estudiantes que han logrado ser identificados- fue hallado a un kilómetro de allí. Una versión a la que se llego en el anterior mandato presidencial que consideraba que policías corruptos entregaron a los estudiantes a un grupo criminal que los asesinó y quemó en un vertedero de basura.
El fiscal encargado del caso, Omar Gómez Trejo, aseguró hace dos días durante una rueda de prensa, que «mediante delitos de tortura y privaciones de libertad» fue «como obtuvieron algunos testimonios clave» para la resolución del caso Ayotzinapa, según sus palabras. La envergadura de la investigación ha llevado a la búsqueda de los cuerpos en 136 puntos de siete municipios distintos recuperando 27 cuerpos sin identificar.
Siendo todavía presidente electo, Andrés Manuel López Obrador prometió a las familias de los 43 desaparecidos reabrir las averiguaciones ante una Comisión de la Verdad en la que el Ejecutivo no podría inmiscuirse. Hace tres años, el mandatario mexicano eligió esclarecer esta desaparición forzada en el suroeste del país, al que se unieron nueve asesinatos y más de 40 heridos a manos de autoridades mexicanas y el crimen organizado. La Administración Obrador decidió la reapertura quizá como representación de las 32.096 personas que se encontraban en paradero desconocido sólo en México, el año anterior a que el dirigente ganara las elecciones.
Dentro de las pesquisas, hasta 40 apresamientos siguen pendientes ya que sólo se han ejecutado 49 de las 89 órdenes de arresto. 31.238 documentos, 40 vídeos de interrogatorios y 21 personas vinculadas con el caso Ayotzinapa han sido ejecutadas durante el esclarecimiento del enrevesado caso. Mientras, las familias de los 43 normalistas protestaron frente a la Fiscalía para exigir que se ejecuten las órdenes pendientes.
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Fuente: ABC
