Finalmente, la trama de los negocios del testaferro de Evo Morales en Guaymallén cruzó las fronteras argentinas: un diputado de Chuquisaca, Bolivia, llamado Marcelo Pedrazas se interesó en lo que viene publicando Diario Mendoza Today.
Refiere a las trapisondas de la constructora Idandi de Guaymallén, donde se mezclan los negocios, la política, la aparición de bolsos con dólares y el narcotráfico. Todo ello es parte del pedido de informes que hizo Pedrazas en Bolivia.
Como ya se dijo, amén del tema de la droga, que amerita una investigación aparte, la trama complica a cientos de vecinos de Guaymallén, que viven en complejos mal construidos, con serias deficiencias de base.
Tal cual viene contando este diario desde hace casi dos años, quien ha edificado esas viviendas es un hombre de nacionalidad bolivana llamado Florentino Daniel Paco.
Lo hizo junto con su hermano, Onofre Paco Vega, quien fue sancionado en 2011 por “esclavizar” a trabajadores indocumentados.
Ambos son dueños de Idandi, la firma que ahora mismo está desarrollando cientos de dúplex por la zona de San Francisco del Monte.
La situación no debería llamar la atención, muchas empresas construyen viviendas. No obstante, esta gente lo hace: sin autorización, sin estudios de impacto ambiental, sin cartel de obra, sin representante técnico, sin saber de quién es el terreno en cuestión. Y lo peor: sin cumplir con las mínimas reglas del Código de Edificación.
A ello hay que agregar una curiosidad: la Municipalidad de Guaymallén le otorga a Idandi “excepciones” a las reglas de edificación cada vez que las pide.
Tal es así que, entre los empleados de la Secretaría de Obras Privadas se habla de la “cláusula Paco” cuando alguna persona busca recurrir a puntuales excepciones.
Basta otear lo que ocurre en el sector de Tapón Moyano o en el terreno que está al sur del barrio La Barraca. O lo que sucede al norte del Club Alemán, al que le van a quitar una franja de terreno porque van a hacerle una calle a Paco, aunque no cumpla con ninguna regla ni tenga autorización de la Municipalidad ni cartel de obra.
Es todo tan evidente, que sorprende que durante 10 años nadie se haya percatado de nada de lo que venía ocurriendo en Guaymallén.
O, peor: que todos hayan decidido mirar para otro lado, obviando un escándalo de corrupción pocas veces visto.
Ya no hay manera de tapar nada, ahora es el Congreso boliviano el que ha tomado cartas en el asunto. Se acabó la impunidad. Y la consecuente complicidad.
Fuente: Mendoza Today
