Inflación en alza, restricciones a la actividad, malestar con el único sector que genera divisas, licitación fallida de deuda y “fuego amigo” que demora la suba de tarifas, las malas noticias que recibió el ministro de Economía.
Con la misma velocidad de propagación que la segunda ola de contagios de covid-19, en la última semana se extendieron las malas noticias para el ministro de Economía, Martín Guzmán. Desde Europa, donde buscó negociar la deuda con el Club de París y evitar el pago del vencimiento de USD 2.400 del próximo 21 de mayo, recibió cinco señales que pegan de lleno sobre la posibilidad de alcanzar las ambiciosas metas del Presupuesto 2021, la “hoja de ruta” que, según sus propias palabras, sirve como plan económico para la Argentina. El viento de cola se transformó súbitamente en viento en contra y en cinco días se acumularon datos concretos que ponen en duda sus propios objetivos:
La inflación de marzo fue de 4,8%. El dato superó todos los pronósticos, incluso los del REM del Banco Central (3,9%), a menudo criticado por ser demasiado pesimista. La inflación del 29% para el año calendario 2021, eje del Presupuesto 2021 para calibrar el resto de los indicadores, se vuelve un objetivo imposible de cumplir. Con el “empoderamiento” que recibió a mediados del año pasado, Guzmán desplazó en la responsabilidad central sobre la inflación al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, a quien le quedaron dos misiones: que el dólar suba a un ritmo menor al de los precios y que no suba la tasa de interés. Hasta ahora, ocurrieron ambas cosas. Pero la inflación sigue firme.
“Esta semana que termina fue testigo de varios hitos que, analizados en conjunto, nos permiten catalogarla como ‘la peor semana del año’”, señaló un informe de Consultatio Plus, que ajustó su previsión de inflación anual de 46% a 50%. La consultora espera que, “a pesar de su pérdida de efectividad”, anclar el tipo de cambio será la principal herramienta para frenar la inflación: “Descartada una suba de tasas en un contexto de pandemia, y con la imposibilidad de imponer un ancla fiscal y monetario sin un programa consistente con el Fondo, las únicas herramientas con las que cuenta el Gobierno son los controles de precios y el tipo de cambio”.
El dato del 4,8% de inflación “es preocupante por más de una razón”, afirmó un reporte de la consultora LCG. “Con estos niveles de inflación el Presupuesto quedó desdibujado y la suma del gasto por las restricciones no hace más que ampliar esa sensación de no saber hacia dónde se dirige la economía”, agregó.
Con solo un trimestre del año transcurrido, la consultora considera que la meta del 29% “no luce alcanzable aún cuando el Gobierno concentre esfuerzos en profundizar los controles, demorar y moderar el ajuste de tarifas y reducir marcadamente el ritmo de depreciación, apelando al ancla cambiaria como política antiinflacionaria”. Tendría que desacelerar la suba del IPC a un promedio de 1,48% por mes todo el resto del año para alcanzar ese objetivo entre extremos.
Las duras restricciones afectarán la recuperación del nivel de actividad. Hasta ahora, todo lo negativo que mostraban los números de la inflación se venía compensando con lo positivo de la mejora del nivel del PBI. Aunque el repunte fue heterogéneo y dispar, muchos sectores evidenciaron un rebote claro. Pero desde los anuncios del Presidente del miércoles, todo entró en duda. Si bien la industria y la construcción no tendrán las restricciones de la cuarentena anterior, el comercio, algunos servicios, en particular de gastronomía, turismo interno, y la economía informal, sentirán el impacto de las restricciones a la movilidad entre las 20 y 6 horas hasta fin de abril.
El golpe en la actividad “no sería dramático” según Consultatio, pero la evolución sanitaria y la experiencia del año pasado “obligan a no descartar una profundización o extensión de las restricciones”. En el Gobierno reafirman que las medidas paliativas terminan en el programa Repro II y el bono de $15.000 de la Anses en el AMBA. Si se decidieran ayudas adicionales, llegará “la manta corta”: todo el beneficio en sostener el nivel de actividad tendrá como contrapartida un perjuicio en el mayor gasto y presión fiscal. De hecho, el bono de la Anses ya implica un costo fiscal no previsto en el Presupuesto.
Se reabrió el clima de confrontación con el campo. Desde el inicio de la gestión Alberto Fernández, los tópicos de discusión entre el Gobierno y el sector agropecuario cada vez toman mayor temperatura. Las medidas sobre la exportación de carnes anunciadas el jueves por la secretaría de Comercio Interior, con la incorporación de un nuevo registro y mayores controles, cayeron tan mal que hasta generaron pronunciamientos adversos de la Mesa de Enlace e incluso del Consejo Agroindustrial, este último de buena sintonía con la dirigencia oficial. En Desarrollo Productivo aseguran que el nuevo esquema no tendrá nada que ver con los tan criticados ROE de la época de Guillermo Moreno, pero la dirigencia agropecuaria lo ve exactamente así.
El campo tuvo conflictos diversos con el gobierno actual, como la pelea por las retenciones, la suspensión de las exportaciones de maíz o la fallida estatización de Vicentin. Y se trata del único sector que le puede asegurarle a Guzmán un piso de ingreso de divisas suficiente para negociar con cierto margen con el FMI y con el Club de París, en particular por los buenos precios internacionales de los granos. Un estado de conflicto generado por las medidas que lanzan sus colegas no ayudaría al ministro de Economía a cerrar los números de su plan financiero.
La licitación de deuda en pesos no cubrió el vencimiento. Ponerle un cierto tope a la emisión fue otra de las pautas centrales del Presupuesto, que establece que el déficit fiscal debe ser cubierto en un 60% por emisión del Banco Central y en un 40% por financiamiento genuino en el mercado. Se trata de una meta relevante, tanto en términos de señal a los mercados como hacia el frente interno, para recordar puertas adentro del gobierno que “la maquinita” de imprimir billetes tiene límites.
En la licitación del jueves, vencían $70.000 millones y el Gobierno solo consiguió $37.000. En la última licitación de marzo también el resultado había sido adverso. Y cada peso que el gobierno no consigue en el mercado, debe ser emitido por el BCRA.
“El problema de las licitaciones ya se venía advirtiendo desde el mes pasado, cuando la tasa de renovación de vencimientos bajó respecto de los meses previos (108% en marzo vs. 115% y 116% en enero y febrero), pero el esfuerzo que hizo Hacienda para convalidar tasas un poco más altas resultó insuficiente para corregirlo”, según Consultatio Plus.
Los aumentos de tarifas de servicios públicos se demoran. Otro punto clave para controlar la emisión planteado en el Presupuesto 2021 es limitar los subsidios a los servicios esenciales, gas, agua potable y electricidad. Para diferenciarse de los atrasos tarifarios de la era kirchnerista (que desembocaron en los aumentos siderales en el macrismo) la idea original de Guzmán era que durante 2021 las tarifas aumentasen al menos en el mismo nivel de la inflación.
El lunes pasado, el ministro recibió otra dosis de fuego amigo. El interventor del Enargas, Federico Bernal, de extrema cercanía con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que el aumento del gas se aplicará en mayo y llegará solamente al 6% para clientes residenciales y al 4% para las pymes. Se estima que la tarifa cubrirá cerca del 40% del costo del servicio; el resto será aportado por los subsidios. Más números complicados para Guzmán.
“Esta semana se conoció que se postergaba el ajuste de tarifas, en línea con el pedido de un ignoto subsecretario de Energía que le ganó la pulseada a su jefe, el ministro de Economía. Mientras tanto, la secretaria Paula Español diseña medidas contra la inflación y el BCRA retrasa el ritmo del devaluación. ¿Quién organiza y coordina esta política antiinflacionaria?”, se preguntó la consultora LCG.
