Más allá del extenso debate que ameritaba la situación -que ayer consumió alrededor
de seis horas en Diputados-, el resultado del juicio político contra los magistrados
José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva iniciado por el abogado Eduardo Andrada
siempre estuvo supeditado a la cantidad de votos que acompañen. En la última
sesión de la cámara baja esta variable determinante no se vio modificada y el
resultado fue un revés para el oficialismo y la primera victoria del año para la
oposición, puesto que el juicio político finalmente terminó en el archivo.
En la sesión de ayer, lo primero que resolvieron los diputados fue la recusación de
Cáceres al oficialista Augusto Barros para el tratamiento de juicio político por falta de
integridad y supuesta enemistad. Si bien este primer escollo para el oficialismo se
resolvió rápidamente con un rechazo, fue llamativa la votación. Es que el radicalismo
y el NEO se abstuvieron de votar mientras que el PRO y los unipersonales Consenso
Federal y Frente Amplio Catamarqueño acompañaron el rechazo.
Zanjado este punto, se encaró el tratamiento puntal al juicio político, trámite que inició
en agosto del 2018 y que a esta altura contaba con tres despachos de comisión: uno
de la mayoría (oficialismo) promoviendo la continuidad del mismo y dos de la minoría
(por aquel entonces, cuando el radicalismo estaba fragmentado) rechazándolo.
Ahora bien, el cuestionamiento a los cortesanos partió bajo el concepto de que
ambos quebrantan el artículo 168 de la Constitución provincial, disposición que
impide a los jubilados ejercer cargos en la administración provincial salvo actividades
artísticas o técnicas. A ellos se suma el quebranto al artículo 195 de la Carta Magna
local, el cual indica que los miembros del máximo tribunal son inamovibles hasta
cumplir los 65 años de edad.
Debate
La presidenta de la cámara, Cecilia Guerrero, ofició de miembro informante y tomó
esos conceptos como punto de partida. “Quedó probado y acreditado la condición de
jubilados”, señaló la diputada para recordar que “en el caso de Cáceres, una vez
obtenido el beneficio previsional el Ejecutivo lo vuelve a proponer como ministro de la
Corte y asume en condición de jubilado”.
Además, la legisladora rescató que al momento del despacho Cáceres tenía 76 años
y a la fecha ya cuenta con 78 años, cuando el “límite de la constitución es de 65
años”. En el caso de Leiva tenía 75 años cuando se emitió despacho y en la
actualidad su edad es de 77, por lo tanto “también excedió el límite previsto”.
En tanto, remarcó que el concepto de “administración provincial resulta abarcativo a
los tres poderes del Estado con asignación de competencias”. “Ambos estarían
violando la prescripción del artículo 168, norma que no fue objeto de tacha de
inconstitucionalidad y por lo tanto tiene plena vigencia”, subrayó.
Así, se refirió a la conculcación del artículo 165 para remarcar que la inamovilidad “no
es garantía de perpetuidad, de ejercicio vitalicio de los cargos judiciales”. “El
cumplimiento de los 65 años y haber excedido los límites establecidos hace cesar la
garantía de inamovilidad”, acotó.
Guerrero rescató que Enrique Lilljedhal inició una causa pidiendo la
inconstitucionalidad del artículo 195 de la Carta Magna, del cual luego se valieron
Cáceres y Leiva y que luego el Procurador de la Corte participó en el fallo dictado
sobre los cortesanos cuestionados “careciendo de imparcialidad”. “No se puede
sentenciar para después beneficiarse personalmente, para hacer favores a amigos,
colegas. Estos fallos son el emergente de un gravísimo estado de descomposición
que afecta a sectores del poder judicial”, cuestionó Guerrero.
Luego, Víctor Luna observó que el despacho de la mayoría no hacía mención al
escrito en defensa propia presentada por Cáceres. A la vez, planteó “no podemos
obviar que la prohibición del artículo 168 de la Constitución, claramente solo alcanza
al poder Administrador (el Ejecutivo) por estar incluido en la tercera sección”.
El opositor señaló que la Justicia ya había declarado inconstitucional uno de los
artículos y que cuenta con sentencia firme “porque no fueron apelados”. “Todos los
casos que se declaró la institucionalizad del artículo 195 son firmes y con autoridad
de cosa juzgada”, expresó.
Chicanas
Luego, ya con más tono político, el opositor Francisco Monti señaló que los
magistrados fueron sometidos a un proceso de desgaste que “se enmarcan en un
proceso de cooptación del justicialismo a la Justicia durante el gobierno de Lucía
Corpacci y el actual de Raúl Jalil”. “Las dos sentencias en causas que derivaron en
cosa juzgada fueron consentidas por Fiscalía de Estado durante el gobierno de
Lucía Corpacci”, sostuvo.
En igual línea a Luna se expresó Marita Colombo. La diputada opositora esgrimió que
al oficialismo “no le interesó incumplir el proceso y garantizar el derecho de defensa”,
aludiendo al escrito de Cáceres. “No podemos silenciar esta situación, un proceso
arbitrario con abuso de autoridad, ustedes violentaron las leyes para beneficio político
de un sector para cooptar la justicia. Esto es escandaloso, lo único que quieren
algunos es quedarse con todo”, dijo.
Luego Barros resaltó que “no es la función de esta cámara juzgar” para indicar que
“probablemente no alcancemos los 27 votos para que se pueda sustanciar el juicio de
manera tal que la acusación quedará en la nebulosa”.
Daniel Lavatelli continuó el debate disparando fuertes críticas hacia la oposición: “Es
una hipocresía si se cree en sus argumentos, lo defienden porque le deben favores
Cáceres y a Leiva; lo único que le importa a la oposición son los privilegios de estos
jueces”. Incluso deslizó que “Castillo nos permitió a nosotros la eliminación del
Consejo de la Magistratura y ampliar la Corte, no tiene sentido que lo oculten”.
Sobre esto respondió José “Chichi” Sosa. Para el caso, ironizó que “el actual
Gobernador tiene una predilección de viajar a Ipizca antes que de escuchar a la
exgobernadora; quizás son celos”.
Género
Cerca del final volvió a tomar la palabra Luna. Con cierta crítica señaló que se
declamó la necesidad de reformar al poder judicial y “lo único que vi es cuatro nuevos
miembros de la Corte, tres ya mencionados en este debate (Vilma Molina, Miguel
Figueroa Vicario y Hernán Martel) y le agrego una más, la esposa del intendente de
Fray Mamerto Esquiú que es del Partido Justicialista”.
Esta alusión llevó a la Presidenta del cuerpo a espetarlo por falta de perspectiva de
género. “No es ninguna falta de respeto no recordar el nombre”, aclaró Luna y acotó
en tono sarcástico: “Usaron a alguien que tuvo el valor de provocar la denuncia, por
supuesto ese valor tiene un costo que es en un cargo índice 1,40, luego un cargo en
el Municipio y un cargo de monotributista”.
El cierre del debate lo dio el oficialista Marcelo Murúa, quien rescató tres puntos. El
primero que se designó “un juez a quien se le aceptó la renuncia 28 días antes, lo
que no es un paso grande para la institucionalidad de la provincia, el segundo punto
pareciera demostrar que en el frente que gobernaba no había algún doctrinario y por
otro lado demuestra que Cáceres es de voluntad frágil porque no se acogió a un
régimen jubilatorio normal, sino que hizo solicitud de retirarse y cambio de voluntad a
los días”.
Así las cosas, apuntó como crítica que “el poder judicial incumple con la ley del fuero
de violencia familiar y de género que alegan falta de presupuesto pero que la Corte
jamás lo incluyó en las partidas presupuestarias desde que se sancionó la ley”.
